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viernes, 30 de agosto de 2013

La imputación de la Infanta Cristina, otra chapuza de la justicia.


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Jueves, 26/06/14  Noticias de Actualidad, blog de Juan Pardo


José Castro, titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Palma, ha puesto este miércoles fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones y ha acordado mantener la imputación de la infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El juez abre así la vía para que la duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados. Cuestión esta, poco probable ya que no hay acusación particular, ni por parte de la fiscalía. Encaja, perfectamente, en la doctrina Botín.
Así lo ha decretado mediante un auto, conocido como pase a procedimiento abreviado, en el que también da el primer paso para que Iñaki Urdangarin sea juzgado. Se trata de una resolución contra la que cabe interponer tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- como de apelación directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares.
En concreto, Castro considera a la hermana del rey cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que su papel fue imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008. Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor.
Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales. Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.
En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que doña Cristina, como socia al 50 por ciento de Aizoon, de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo.
El magistrado considera que hay «sobrados indicios» de que la infanta Cristina ha intervenido en la presunta trama corrupta «lucrándose en propio beneficio» y «facilitando los medios para que lo hiciera su marido» Iñaki Urdangarin mediante una «colaboración silenciosa».

Urdangarin, 25 delitos

El juez,  José Castro sostiene que de la investigación que ha llevado a cabo en los últimos cuatro años se desprende que Iñaki Urdangarin cometió al frente del Instituto Nóos un total de 25 delitos.
El instructor atribuye al esposo de la infanta Cristina cinco delitos de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias por los contratos que Nóos suscribió con administraciones públicas.
Además, le imputa falsedad de documento oficial, falsificación de documentación mercantil, estafa y dos delitos de fraude a Hacienda.
Son nueve delitos diferentes, varios de ellos cometidos de manera reiterada, los que figuran en el auto de pase a procedimiento abreviado dictado hoy por el juez Castro.
En este documento, de 167 páginas, el magistrado pone fin a la instrucción del caso Nóos y dispone que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares y populares personadas soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
A lo largo de la instrucción del caso Nóos, Urdangarin ha prestado declaración ante el juez en dos ocasiones, en febrero de 2012 y de 2013. Además, varias de sus propiedades, incluido el llamado palacete de Pedralbes, están embargadas desde el pasado noviembre por impago de la fianza de responsabilidad civil de 6,1 millones que le impuso el juez ante una eventual condena.
José Castro se defiende en el auto en el que cierra la investigación del caso Nóos frente las críticas vertidas «desde altas instancias institucionales, políticas, mediáticas e incluso judiciales» que han calificado su instrucción de demasiado larga. Afirma que no ha acordado ninguna diligencia inútil que «a priori» creyera inútil para la averiguación de los hechos.
Al inicio de los fundamentos jurídicos del auto notificado este miércoles, en el que mantiene la imputación de la infanta Cristina por delitos fiscales y de blanqueo de capitales, Castro recuerda que abrió la investigación el 20 de julio de 2010 y niega que su labor haya permanecido inactiva ni siquiera antes situaciones que podrían haberlo motivado como la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia o la emisión por la Agencia Tributaria de los informes que se le solicitaron.
Muy al contrario, se han utilizado días y horas que, en otro caso, serían inhábiles para la práctica de actuaciones judiciales concentrándose en ellas el mayor número posible de diligencias, recuerda Castro, sin duda en alusión a las citaciones en sábado de los principales imputados.

José Castro añade que no tiene conciencia de haber acordado, ni de oficio ni a instancia de parte, diligencia alguna de investigación a sabiendas de que su resultado sería inútil para la causa, siendo cuestión bien distinta que no todas las acordadas arrojaron el resultado que de ellas cabía esperar.
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